Actualidad y case studies sobre finanzas integradas, APIS y mucho más
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| 12 septiembre 2024
Recientemente, el poder legislativo en México aprobó la extinción de siete órganos autónomos que desempeñaban funciones clave en sectores tecnificados, como protección de datos personales y competencia económica. Entre las instituciones extintas se encuentran:
La construcción de un ecosistema de Open Finance en México depende de normativas y supervisión que protejan los derechos de los usuarios, especialmente en lo que respecta al manejo de datos personales y la competencia económica. Dos instituciones extintas, el INAI y la COFECE, habrían jugado roles cruciales en este contexto:
El INAI era responsable de garantizar que los datos personales de los ciudadanos fueran manejados de forma segura y transparente. Sus funciones incluían:
La COFECE supervisaba la competencia económica en el mercado financiero, regulando prácticas que podrían llevar a la concentración de mercado. Su función habría sido crucial para mitigar el impacto del ingreso de grandes empresas tecnológicas (Big Tech) en el sector financiero, quienes, gracias a sus capacidades de escalabilidad y acceso a datos, pueden desplazar a actores tradicionales y fintech.
En el marco de Open Banking y Open Finance, las instituciones financieras comparten datos de usuarios a través de APIs, fomentando la inclusión financiera y la innovación. Sin embargo, la falta de regulaciones claras en México plantea riesgos como la concentración de mercado y la falta de reciprocidad en el acceso a datos, especialmente entre entidades financieras y grandes tecnológicas.
Se ha anunciado la creación de una agencia bajo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que asumirá algunas funciones del IFT y la COFECE. Por su parte, el Gobierno asegura que las secretarías de Estado absorberán las responsabilidades de los órganos autónomos extintos.
El futuro del ecosistema dependerá de la capacidad del país para crear regulaciones que equilibren la protección de datos, la transparencia y la competencia económica.
